Nueva Zelanda quiere seguir el camino abierto por Australia y restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El Gobierno de Christopher Luxon ha presentado el Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment) Bill, un proyecto que trasladaría la responsabilidad a las plataformas y podría imponer multas de hasta el 10 % de sus ingresos globales si no toman medidas razonables para comprobar la edad de sus usuarios.
La intención es sencilla de explicar. La aplicación, bastante menos. Para impedir que un menor abra una cuenta en Instagram, TikTok, Snapchat o Facebook hay que encontrar una manera de distinguirlo de un adulto, y ahí aparece uno de los grandes debates que está acompañando a este tipo de leyes: cómo verificar la edad sin convertir Internet en un sistema permanente de identificación.
¿Qué propone realmente Nueva Zelanda?
El proyecto no plantea multas para los menores ni para sus familias. La obligación recaería sobre las compañías, que tendrían que adoptar medidas razonables para evitar que una persona menor de 16 años cree o mantenga una cuenta en los servicios incluidos.
El propio Gobierno neozelandés explica que la norma está dirigida a las redes sociales y deja fuera diferentes categorías de servicios. Entre las exclusiones aparecen aplicaciones centradas en mensajería, correo electrónico, llamadas, videojuegos multijugador, música, redes profesionales y determinadas herramientas de inteligencia artificial.
Para comprobar la edad se contemplan distintas posibilidades, desde utilizar información ya disponible en la cuenta hasta sistemas de estimación facial o identidades digitales. La ley no obligaría a utilizar un único método, sino que exigiría a las plataformas demostrar que han tomado medidas suficientes.
Reuters recoge que las empresas que incumplan podrían afrontar una sanción de hasta el 10 % de su facturación mundial, una cifra diseñada para que una gran plataforma no pueda asumir la multa simplemente como otro coste de hacer negocios.
El proyecto ha cambiado de escenario político en apenas un día
La propuesta nació con un problema evidente. ACT y New Zealand First, los dos socios de coalición del National Party de Luxon, anunciaron que votarían en contra. Winston Peters, líder de New Zealand First, llegó a describir la experiencia australiana como un fracaso y defendió que la responsabilidad sobre el uso de las redes sociales debe seguir principalmente en manos de las familias.
Sin embargo, el escenario ha cambiado este 25 de agosto. Labour ha anunciado que apoyará el proyecto para que pueda superar su primera lectura, aunque reclama cambios durante su tramitación. Esto proporciona a National los votos que le faltaban por el rechazo de sus socios de Gobierno.
Eso no significa que la prohibición esté aprobada ni que vaya a entrar en vigor próximamente. El Ejecutivo sostiene que el calendario parlamentario está prácticamente agotado antes de las elecciones y que no hay tiempo suficiente para celebrar esa primera votación. Labour, por su parte, considera que sí debería tramitarse antes de que termine la legislatura. La propuesta ha pasado así de tener un problema de votos a tener también uno de calendario.
Comprobar que tienes 16 años parece fácil hasta que hay que hacerlo
Este es el punto más interesante del debate porque afecta también a los adultos. Una plataforma puede pedir un documento de identidad, recurrir a un proveedor externo que confirme únicamente si se supera una determinada edad o intentar estimarla mediante una fotografía. Ninguna opción es completamente transparente para el usuario.
Solicitar un documento ofrece una comprobación relativamente clara, pero obliga a manejar información personal que una red social no necesita para prestar su servicio. Una identidad digital puede limitar los datos compartidos y responder únicamente si el usuario supera el umbral de edad, aunque requiere una infraestructura en la que ciudadanos, empresas y administraciones confíen.
La estimación facial reduce parte de esa fricción, pero trabaja con probabilidades. Puede equivocarse con adultos jóvenes o con adolescentes próximos al límite y obliga a crear algún mecanismo alternativo para resolver esos errores. Además, cualquier sistema debe contemplar a las personas que no dispongan de un documento compatible o de acceso sencillo a una identidad digital.
Australia ya está intentando resolver el mismo problema
Australia aplica desde diciembre de 2025 una restricción similar. Su eSafety Commissioner deja claro que la responsabilidad recae en las plataformas y no en los menores o sus padres, un principio que Nueva Zelanda pretende reproducir.
En Hefestec ya analizamos los problemas que plantea la verificación de edad en el modelo australiano. El reto no consiste únicamente en aprobar una edad mínima. También hay que decidir qué comprobaciones son proporcionadas, cómo se gestionan los errores y qué ocurre cuando los usuarios recurren a cuentas prestadas, VPN o servicios que quedan fuera de la regulación.
También existe un riesgo de desplazamiento. Las redes sociales sirven para entretenimiento y contacto entre amigos, pero algunos menores las utilizan igualmente para encontrar comunidades relacionadas con educación, salud, discapacidad, identidad o intereses muy específicos. Si las plataformas grandes quedan cerradas, parte de esa actividad puede trasladarse a espacios más pequeños y potencialmente menos moderados.
La discusión va mucho más allá de prohibir TikTok a un adolescente
La propuesta de Nueva Zelanda forma parte de una tendencia internacional que intenta responder a la relación cada vez más complicada entre menores y plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de uso. Limitar el acceso por edad es una respuesta muy visible, pero no resuelve por sí sola cuestiones como los sistemas de recomendación, el diseño adictivo, la publicidad o la exposición a determinados contenidos.
Por eso el verdadero debate no está únicamente en decidir si una persona de 14 años debería tener Instagram. Está en determinar cuánta información estamos dispuestos a entregar todos los demás para demostrar que sí tenemos edad suficiente y si el beneficio obtenido compensa ese nuevo nivel de control.
Nueva Zelanda todavía está lejos de tener una prohibición definitiva. Ahora tiene un proyecto, un apoyo inesperado de la oposición y muy poco tiempo parlamentario para moverlo antes de las elecciones. Si finalmente avanza, la parte difícil llegará después: demostrar que protege mejor a los menores sin obligar a identificar de forma innecesaria a toda la población.
