España se ha convertido en uno de los lugares más atractivos de Europa para construir centros de datos. Hay suelo, abundante generación renovable, buenas conexiones internacionales y una posición geográfica que permite dar servicio tanto al continente como al norte de África. El problema es que el interés ha crecido mucho más rápido de lo previsto.
El Gobierno prepara ahora un nuevo real decreto para endurecer las condiciones de los grandes centros de datos. La idea no es cerrar la puerta a estas inversiones, sino ordenar una avalancha de proyectos que ya supera ampliamente las previsiones para 2030.
La cifra explica casi todo. España calculaba que a finales de la década necesitaría entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica para alimentar unos 2,5 GW de capacidad de computación. Sin embargo, desde 2021 ya se han concedido más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red para centros de datos. El mercado se ha adelantado varios años a las previsiones.
La IA necesita mucha más infraestructura de la que vemos
Cuando utilizamos una herramienta de inteligencia artificial parece que todo ocurre dentro de una aplicación. Detrás hay edificios llenos de aceleradores, memoria, redes, sistemas de refrigeración y una cantidad creciente de electricidad.
La Agencia Internacional de la Energía calcula que los centros de datos podrían rondar el 3 % del consumo eléctrico mundial en 2030 y que su demanda crecerá alrededor de un 15 % anual, impulsada especialmente por la IA. España quiere aprovechar ese crecimiento, pero empieza a asumir que atraer todos los proyectos posibles no puede ser el único objetivo.
Un gran centro de datos compite por capacidad de red, electricidad, agua y suelo con otras industrias y actividades. Cuando hay más de 12 GW de accesos concedidos frente a una previsión de 3,5 a 4 GW para toda la década, la conexión eléctrica se convierte en un recurso que hay que repartir.
El 80 % de la electricidad tendrá que ser renovable, hora a hora
La condición más llamativa del proyecto afecta precisamente a la energía. Los centros de datos de más de 1 MW deberán respaldar con nueva generación renovable al menos el 80 % de su consumo en cada hora de funcionamiento. La obligación se mantendrá mientras las renovables no superen el 90 % del mix eléctrico nacional.
No bastará con compensar el consumo al terminar el año. Por cada nuevo megavatio de demanda deberá existir otro megavatio de generación renovable instalado durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro. Podrá hacerse mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo.
Es un cambio importante porque obliga a que parte de la infraestructura energética crezca junto a la informática. Si una instalación necesita una enorme cantidad de electricidad, tendrá que contribuir también a crear nueva capacidad renovable en lugar de limitarse a competir por la existente.
El agua deja de ser un detalle secundario
La electricidad no es el único recurso bajo vigilancia. Muchos centros de datos utilizan agua en sus sistemas de refrigeración y su impacto puede ser relevante en territorios sometidos a estrés hídrico.
La futura norma pretende exigir los niveles más altos del sistema europeo de etiquetado de eficiencia para centros de datos, tanto en energía como en agua. Las instalaciones también tendrán que comunicar datos sobre consumo hídrico y otros indicadores ambientales.
Esto tiene especial importancia en España. Una región puede tener mucho sol y capacidad para producir electricidad renovable y, al mismo tiempo, disponer de recursos hídricos limitados. La ubicación adecuada para un centro de datos no depende únicamente de dónde sea barata la energía.
No solo se regula energía: también quién controla los servidores
El proyecto introduce además requisitos de resiliencia y soberanía digital. Los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros vinculados a estas instalaciones tendrán que mantenerse en territorio comunitario, con mecanismos para controlar los accesos desde terceros países.
La exigencia será especialmente relevante cuando los centros alojen información de administraciones públicas o datos relacionados con la seguridad nacional. La discusión sobre centros de datos deja así de ser únicamente energética: también importa quién opera la infraestructura y bajo qué legislación puede acceder a ella.
El Gobierno utilizará la conexión a la red como principal mecanismo de control. Los proyectos en tramitación dispondrán, con carácter general, de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones y determinados proyectos pendientes de concursos de acceso tendrán tres meses. El incumplimiento podrá acabar en penalizaciones y, en último término, en la pérdida del derecho de acceso a la red eléctrica.
No todo el mundo está encantado con las nuevas reglas
La regulación llega precisamente cuando varias comunidades autónomas compiten por atraer estas inversiones. Aragón, uno de los territorios que más proyectos ha captado, ya ha anunciado que presentará alegaciones porque considera que algunas condiciones podrían poner en riesgo inversiones previstas.
La reacción muestra bien el equilibrio que tendrá que encontrar la norma. Endurecer demasiado los requisitos puede hacer que parte de la inversión se desplace a otros países; ser demasiado permisivo puede convertir la capacidad eléctrica y el agua en un cuello de botella para otros sectores.
Ahí está probablemente la parte más interesante de este movimiento. España ya no está intentando convencer a las empresas de que vengan; empieza a poder decidir en qué condiciones quiere que vengan.
La factura física de la inteligencia artificial empieza a aparecer
El debate conecta con algo que estamos viendo en toda la industria. La inteligencia artificial está aumentando la demanda de memoria, almacenamiento y chips, algo que ya analizamos en Hefestec cuando explicamos cómo la carrera de la IA empieza a llegar al bolsillo del consumidor.
Ahora aparece otra parte de esa misma factura. Los modelos necesitan centros de datos; los centros necesitan electricidad, agua, chips, redes y suelo; y todos esos recursos tienen límites.
La IA puede parecer software cuando la utilizamos desde una pantalla, pero su crecimiento depende de una infraestructura cada vez más física. España quiere convertirse en uno de los lugares donde se construya esa infraestructura. La diferencia es que empieza a exigir que el boom tecnológico venga acompañado por nueva energía, mayor eficiencia y reglas más estrictas sobre quién controla lo que ocurre dentro de esos edificios.
