La Unión Europea permitirá que los relojes inteligentes y las pulseras de actividad queden fuera de la obligación general de incorporar baterías fácilmente reemplazables por el usuario. La excepción tiene sentido desde el punto de vista técnico, pero también demuestra que los fabricantes van a buscar cada resquicio posible para evitar rediseñar sus dispositivos.
La normativa europea sobre baterías comenzará a aplicarse plenamente en febrero de 2027 y obligará a que muchos productos electrónicos permitan sustituir la batería utilizando herramientas básicas o incluidas con el propio dispositivo.
Sin embargo, los wearables podrán acogerse a una excepción cuando el acceso del usuario a la batería pueda comprometer la seguridad, la durabilidad o la resistencia al agua.
En un reloj la excepción es comprensible
Un smartwatch tiene muy poco espacio interno. Dentro de una caja pequeña deben convivir la pantalla, los sensores de salud, la antena, el procesador, los motores de vibración y una batería diminuta.
Añadir tapas, conectores y mecanismos diseñados para que cualquier usuario pueda extraer la batería puede aumentar el grosor y dificultar la estanqueidad. En relojes pensados para nadar o hacer deporte, este último punto resulta especialmente importante.
Incluso en los relojes convencionales cambiar una pila puede requerir herramientas y volver a comprobar el sellado. En un dispositivo inteligente, la operación es todavía más delicada. Por eso, en esta categoría concreta la flexibilidad europea resulta razonable.
La excepción no debería convertirse en una vía libre
Que exista una dificultad técnica no significa que los fabricantes deban poder vender dispositivos completamente desechables. Una cosa es que el usuario no pueda cambiar la batería en casa y otra que la reparación sea prácticamente imposible o cueste casi tanto como comprar un reloj nuevo.
La norma debería servir, al menos, para garantizar que los servicios técnicos puedan abrir el dispositivo, sustituir la batería y volver a sellarlo durante varios años.
Sin esa obligación, una batería degradada puede seguir marcando el final de la vida útil de un reloj de 300, 500 o incluso 1.000 euros. Ahí es donde entra el verdadero debate sobre el derecho a reparar.
Europa empieza a mostrar flexibilidad
La decisión también deja una lectura más amplia. Europa está dispuesta a adaptar sus normas cuando existen argumentos técnicos razonables, algo que puede evitar productos más gruesos o menos resistentes únicamente para cumplir formalmente un reglamento.
Pero, al mismo tiempo, cada excepción abre una discusión sobre dónde colocar el límite. Los fabricantes intentarán demostrar que el tamaño, la resistencia o la seguridad hacen inviable una batería accesible en cada vez más categorías.
La propia Comisión Europea explica que estas excepciones se aplicarán cuando la extracción por parte del usuario pueda afectar a la seguridad, la durabilidad o la resistencia al agua.
Los relojes inteligentes son probablemente uno de los casos donde la flexibilidad está más justificada. Ahora habrá que vigilar que esa flexibilidad no termine vaciando de contenido una normativa creada para reducir los residuos electrónicos y alargar la vida de nuestros dispositivos.
