Australia fue el primer país en aplicar una prohibición nacional de redes sociales para menores de 16 años. La medida entró en vigor en diciembre de 2025 y obligó a plataformas como Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube o X a tomar medidas razonables para impedir que esos usuarios mantuvieran una cuenta.
Sobre el papel, era el gran experimento que muchos gobiernos estaban esperando. En la práctica, los primeros resultados muestran un problema bastante básico: las plataformas no están pidiendo a los usuarios que demuestren la edad que dicen tener.
La prohibición falla antes de llegar a la tecnología sofisticada
Un equipo de la empresa de pruebas KJR, que participó en los ensayos previos del sistema australiano, abrió 50 cuentas declarando una edad de 16 años. Según la investigación recogida por Reuters, ninguna de esas cuentas tuvo que demostrar su edad y solo una plataforma aplicó una comprobación efectiva.
El problema resulta especialmente llamativo porque buena parte del debate público se había centrado en la precisión de las herramientas capaces de estimar la edad mediante una fotografía, un documento o el comportamiento de la cuenta. Sin embargo, esos sistemas no sirven de mucho si nunca llegan a activarse.
Algunas de las cuentas de prueba recibieron incluso publicidad dirigida a jóvenes. Eso sugiere que las plataformas sí habían detectado una edad aproximada, pero no utilizaron esa información para iniciar una verificación más exigente. La prohibición existe, aunque la puerta continúa abierta para quien simplemente escriba una fecha de nacimiento distinta.
Los menores entienden rápidamente cómo saltarse el sistema
El fracaso no debería sorprender demasiado. Un estudio académico publicado en 2026 sobre la aplicación del veto australiano señala que los adolescentes aprenden a probar, interpretar y evitar los controles de acceso. Los participantes recurrían a cuentas alternativas, navegadores privados y otras estrategias sencillas para mantener el acceso.
Esto conecta con algo que ya comentamos en El algoritmo no es el problema. Son las cuentas falsas. Las plataformas llevan años permitiendo que una misma persona pueda crear perfiles sin una identidad verificable, cambiar la edad, desaparecer y volver con otra cuenta. Después pretendemos que una restricción basada precisamente en la edad funcione sobre esa estructura.
La contradicción es evidente. Queremos preservar el anonimato y evitar que las tecnológicas acumulen todavía más datos personales, pero al mismo tiempo exigimos que sepan con seguridad si detrás de una pantalla hay un adulto o un niño. Resolver ambas cosas a la vez no es imposible, aunque requiere sistemas mucho más serios que una casilla con la fecha de nacimiento.
Comprobar la edad también tiene un coste para la privacidad
La solución más directa sería pedir un documento de identidad, una tarjeta bancaria o una fotografía facial. El problema es que cada una de esas opciones obliga a entregar información sensible a una empresa privada o a un proveedor externo.
Una verificación mal diseñada puede convertirse en una base de datos perfecta para identificar a millones de usuarios. También puede excluir a personas que no tienen documentación compatible, generar errores y obligar a los adultos a demostrar constantemente que lo son para acceder a contenidos legales.
Por eso, el debate no debería reducirse a elegir entre prohibir o no prohibir. La cuestión importante es quién verifica, qué información conserva y qué capacidad tiene una plataforma para relacionar esa prueba con nuestra actividad. Una tecnología de protección infantil puede terminar creando un sistema de vigilancia general si no se establecen límites muy claros.
Las multas no arreglan un diseño defectuoso
Australia ha aumentado las sanciones y ha amenazado con llevar a los tribunales a las tecnológicas que no cumplan. La presión económica puede conseguir que las empresas se tomen el proceso más en serio, pero no resuelve por sí sola la dificultad técnica y social.
Una plataforma puede bloquear muchas cuentas legítimas y seguir dejando pasar a los menores que conocen el método para engañarla. También puede exigir tantas pruebas que termine expulsando a usuarios adultos preocupados por la privacidad. Medir el éxito solo por el número de verificaciones realizadas sería tan engañoso como medir la seguridad de una ciudad por la cantidad de controles policiales.
Reino Unido y otros países estudian restricciones parecidas. Antes de copiar el modelo australiano, deberían observar qué está fallando y asumir que no basta con aprobar una ley. Se necesita una arquitectura común de verificación, auditorías independientes y una forma de demostrar la edad sin entregar la identidad completa.
Proteger a los menores exige algo más que cerrar una puerta
Las redes sociales tienen problemas reales: diseño adictivo, recomendaciones agresivas, exposición a contenidos dañinos y cuentas falsas capaces de contactar con cualquiera. Proteger a niños y adolescentes frente a esos riesgos es necesario, pero una prohibición fácil de esquivar puede ofrecer a los adultos una sensación de seguridad que no se corresponde con la realidad.
También puede desplazar a los menores hacia espacios menos visibles, cuentas compartidas o plataformas que quedan fuera de la regulación. El acceso no desaparece; simplemente se vuelve más difícil de supervisar.
Australia ha demostrado que aprobar el veto era la parte sencilla. La parte complicada es construir un sistema que funcione, respete la privacidad y no pueda evitarse cambiando un número durante el registro. De momento, la primera gran prohibición mundial de redes sociales para menores está fallando precisamente en su primer paso.
